¬ŅEs legal Bitcoin?

Esta es la primera pregunta que se har√° una persona despu√©s de conocer esta tecnolog√≠a. Una pregunta aparentemente simple; cualquiera solo puede esperar dos probables respuestas: un s√≠ o un no. Pero quiz√°s estas preguntas se han vuelto m√°s complicadas: ¬ŅNo son estas monedas de curso legal emitidas por alg√ļn pa√≠s o banco central? En la mayor√≠a de los pa√≠ses, ni es, ni no es. Debido a su novedad, globalidad y el potencial que posee, Bitcoin y otras criptomonedas tienden a caer en √°reas grises y ambiguas en t√©rminos de legalidad.

Pero, ¬ŅRealmente Bitcoin es legal? A fin de dar respuesta a esta pregunta, es necesario aclarar el significado de lo que es Bitcoin.

Conceptualización de Criptomoneda

Empecemos por mencionar que Bitcoin es la primera criptomoneda. En términos generales, una criptomoneda es un programa informático que consiste en información compartida y ejecutada, formándose a partir de este hecho sus cualidades como programa informático.  En etimología latina, pro-gramar  significa escribir antes o más exactamente, pre-escribir.

Al utilizar un determinado lenguaje de programaci√≥n, se pueden establecer reglas para la ejecuci√≥n interna del programa. Esta ejecuci√≥n ¬†se convierte en informaci√≥n acerca de las condiciones, procesos y r√©plicas de las operaciones realizadas por el usuario al interactuar con el software. La informaci√≥n ordenada y ejecutada por el algoritmo es en √ļltima instancia la composici√≥n del programa, casi la Carta Magna que define el alcance de la aplicaci√≥n. Es por ello que los ingenieros y desarrolladores de software, insisten mucho en que ¬ęel c√≥digo es la ley¬Ľ.

En el caso de la criptomoneda, su ‚Äúestructura gramatical‚ÄĚ debe programarse para asegurar que la informaci√≥n transmitida sea verificada y registrada de manera consensuada y distribuida entre tantas estaciones de trabajo como pueda ser posible. La seguridad que proporciona este consenso y la verificaci√≥n distribuida de la informaci√≥n cifrada o criptogr√°fica confiere valor a Bitcoin, y por este valor, es que se le confiere el nombre de moneda cifrada ya que llega a ser un valor transmitido criptogr√°ficamente.

Esta tecnología brinda una nueva capa de seguridad y efectividad para la transmisión de valores a través de Internet, lo que promueve el desarrollo de nuevos programas, es decir, nuevas posibilidades para desarrollar, ejecutar y realizar operaciones digitales a través de lenguajes informáticos que reconozcan esta tecnología de contabilidad distribuida.

¬ŅEs  legal Bitcoin?

Por lo tanto, también se le ha dado el nombre de criptoactivo ya que no solo es un activo en el sentido tradicional de valor financiero, sino que también incluye el valor del activo debido a que siempre que sea dinámico a través de las acciones que realiza se cataloga como un valor en movimiento.

Debido a estas características, es difícil de entender en estándares conocidos, por lo que cuando se le pregunta sobre su legalidad, esta tecnología cae inevitablemente en un área gris. Ya sea a través del gobierno o mediante leyes activas sobre esta tecnología emergente que no entendemos por completo, es importante en la práctica usarla con medidas de seguridad. Sin embargo, es una incógnita de segundo orden considerando la profundidad del cambio en la legitimidad en la introducción del Bitcoin y la tecnología de activos cifrados a la legalidad en sí.

Para nadie es un secreto que nuestras vidas est√°n digitalizadas. La legalidad tambi√©n se ha vuelto digital. En el futuro, es posible que podamos observar que las √≥rdenes judiciales con respecto a las propiedades conectadas a Internet se podr√≠an ejecutar autom√°ticamente a trav√©s del uso de contratos inteligentes. Por tanto, debido al cambio de paradigma que esta tecnolog√≠a impone a la relaci√≥n entre las personas, resulta vago definirla seg√ļn los est√°ndares legales tradicionales relacionados con las finanzas. Por ello, se ha insistido en dise√Īar un nuevo modelo regulatorio adecuado para esta tecnolog√≠a.

Por ello, debemos prestar atenci√≥n a la calidad y atributos de la tecnolog√≠a para poder ajustarla de forma eficaz. Sus cualidades y caracter√≠sticas est√°n escritas en su c√≥digo, esto se traduce en que en si misma est√° su ley. En este sentido, como tecnolog√≠a de Internet, las leyes locales ¬†generalmente no tienen el poder de supervisarla total y efectivamente. S√≠, al igual que China, se han emitido leyes y prohibiciones. Pero, ¬ŅQu√© pas√≥ en esta situaci√≥n? ¬†La respuesta es que han surgido mercados paralelos. Los usuarios conf√≠an en las herramientas proporcionadas por Internet como servicios de VPN, mensajer√≠as encriptadas o sencillamente trabajar en niveles profundos de Internet para continuar operando con monedas encriptadas.

Para restringir completamente su uso, sería necesario prohibir o bloquear los servicios prestados por Internet (ISP) a nivel mundial a la dirección web vinculada a esta tecnología. Actualmente, en la mayoría de los países, Bitcoin y los activos criptográficos todavía tienen lagunas en términos de legislación positiva. Se puede decir entonces que las leyes de la mayoría de los bancos centrales del mundo estipulan claramente que estas instituciones se especializan en emitir tipos de moneda. Sin embargo, como hemos visto, Bitcoin y los activos encriptados no se encuentran solo en la categoría de monedas, sino que también se clasifican en propiedades, materias primas, activos, valores, etc. por diferentes instituciones.

Por lo tanto, antes de que la emisión de criptomonedas pueda constituir un delito, las autoridades de cada país deben indicar su comprensión acerca de Bitcoin, su comprensión de las criptomonedas y las consecuencias de su emisión. Al mismo tiempo, debido a que no existe fuerza vinculante y leyes vigentes para regular esta materia, Bitcoin se ajusta a este principio legal, y se permite contenido que no esté expresamente prohibido argumentando que lo que no está claramente vedado está permitido.

Promulgar leyes sobre criptomonedas

Para que los inversionistas y empresarios estén seguros de que podrán beneficiarse del uso de estas tecnologías sin el riesgo de violar ninguna ley, es vital que las autoridades de todo el mundo las reconozcan en las leyes relacionadas con ellas. Para promover la adopción masiva, es necesario incluir estas regulaciones en las transacciones electrónicas, la obtención de capital y la emisión de valores para las ICO,  las leyes tributarias, antifraude y de lavado de dinero y otras regulaciones.

Sin embargo, es cuestionable si es necesario elaborar una legislaci√≥n espec√≠fica para estas tecnolog√≠as que a√ļn se encuentran en una etapa incipiente y c√≥mo legislar para lograr las regulaciones m√°s beneficiosas.

Como se ha determinado, esta tecnolog√≠a afecta a muchas √°reas de las relaciones humanas con sus m√ļltiples posibilidades. Por ejemplo, se han definido aplicaciones como los contratos inteligentes que act√ļan como contratos condicionales y automatizan los procesos comerciales diarios que en algunos casos rastrea mercanc√≠as en la cadena de suministro. Esto se considera como actos legales en ciertos territorios sin legislaciones expresas. Lo mismo ha pasado cuando ciertos ‚Äútokens‚ÄĚ se definieron como activos financieros en base al test de Howey y debieron ajustarse a los requisitos de las leyes tradicionales.

Es difícil decir si esta es la mejor manera de otorgar reconocimiento legal a la tecnología de criptoactivos. Sin embargo, al intentar redactar una legislación específica sobre esta tecnología, por ejemplo en Brasil, los legisladores reconocen todas estas dificultades.

La legislaci√≥n sobre criptoactivos tambi√©n implica la creaci√≥n de consensos sobre la definici√≥n de diferentes √°reas de la tecnolog√≠a y en la mayor√≠a de los casos la definici√≥n de estas √°reas a√ļn es vaga. Por ello, es necesario dialogar sobre este tema y establecer est√°ndares y acuerdos, actividad esta que ha comenzado a aparecer en diversas empresas del ecosistema con medidas de autorregulaci√≥n. Parece que no solo en t√©rminos humanos, sino tambi√©n para el propio c√≥digo, la autorregulaci√≥n es la forma m√°s eficaz de regular esta tecnolog√≠a.

En el caso particular de Bitcoin, si no es considerada una propiedad (como lo ha defendido en el pasado la Comisi√≥n de Comercio en Futuros sobre mercanc√≠as de EE. UU), sino como moneda, ¬Ņcu√°les son las leyes y regulaciones pertinentes para regularlo? Generalmente, las monedas no tienen sus propias leyes. En ausencia de controles cambiarios sobre monedas ilegales vinculadas a divisas, las monedas legales de diferentes pa√≠ses suelen estar reguladas por las leyes del banco central. Estas leyes est√°n dise√Īadas para regular los poderes del banco central responsable de la pol√≠tica monetaria del pa√≠s. Por lo tanto, su funci√≥n m√°s b√°sica es utilizar la gesti√≥n de tipos de inter√©s en general para lograr la estabilidad de precios y mantener el valor de la moneda nacional. Asimismo, estipulan moneda de curso legal y se encargan de la emisi√≥n y saneamiento de esta moneda para la robustez y firmeza econ√≥mica del pa√≠s. Es entonces en este sentido, el organismo responsable de controlar la inflaci√≥n.

Como se mencionó anteriormente, la gobernanza de esta criptomoneda generalmente se regula en su propio código. Por ejemplo, en Bitcoin, la emisión de moneda está predeterminada matemáticamente. A través de un proceso de verificación de transacciones llamado minería, los mineros reciben un retorno de la potencia de procesamiento para la seguridad de la red al pagar por nuevas monedas generadas a partir del mismo proceso de verificación. Sin embargo, esta emisión se controla mediante dos procesos: el ajuste de dificultad y el halving. Para evitar que las monedas se creen prematuramente a medida que aumenta la potencia de procesamiento, el código de Bitcoin estipula que cuanto mayor sea la potencia de procesamiento, más difícil será extraerlas o minarlas. Por lo tanto, ante cada vez más dificultades, es necesario utilizar equipos cada vez más potentes para seguir beneficiándose de esta minería.

Por otro lado, tambi√©n se prev√© que aumente el n√ļmero de mineros en la red. Este fen√≥meno ocurre por cada 210.000 bloques agregados a la cadena principal, lo cual es un fen√≥meno conocido como halving, es decir, la recompensa minera se reducir√° a la mitad. As√≠, inicialmente, la recompensa por extraer Bitcoin ¬†fue de 50 BTC y una vez minada tal cantidad de bloques, la recompensa se redujo a 25 BTC en 2012; y alcanz√≥ los 12,5 BTC en 2016. Mediante estos procesos constituidos en el protocolo de Bitcoin, es posible saber cu√°ndo se emitir√°n los √ļltimos BTC de 21 millones que es la circulaci√≥n total.

Esto es una manifestaci√≥n de autorregulaci√≥n dentro de los mismos l√≠mites predeterminados en el c√≥digo de la criptomoneda. Se puede ver que el c√≥digo es ley en lo relacionado a los controles para regular la moneda. Ahora bien, ¬Ņqu√© se puede o no se puede hacer con el uso de la criptomoneda, si el delito es utilizarla como herramienta de pago en lugar de cualquier otra moneda tradicional? las consecuencias deben depender de la actividad ilegal realizada, no de los medios para realizar la actividad. ¬†Porque, como el lavado de dinero con d√≥lares, el delito lo cometen las personas, no el dinero.

Legitimidad en países hispanos

La legitimidad de Bitcoin y las criptomonedas varía inevitablemente de un país a otro, fluctuando entre permisos, restricciones y hostilidades. Esto también es cierto en los países hispanos. Veamos las diferentes posiciones de los países en estas tecnologías:

Argentina

La posici√≥n legal de Argentina sobre las criptomonedas es permisible e incluso ventajosa. El banco central del pa√≠s est√° tomando iniciativas para aprender m√°s sobre este tema y ‚Äč‚Äčvarias agencias gubernamentales tambi√©n est√°n estudiando c√≥mo aplicar estas tecnolog√≠as a sus programas de administraci√≥n.. Sin embargo, aunque ha habido intentos de ampliar el alcance de la recaudaci√≥n de impuestos a las criptomonedas en el pasado, no ha sido aprobado, por lo que no existe una legislaci√≥n que regule este asunto.

De igual forma, la Comisi√≥n Nacional de Valores de Argentina manifest√≥ que aunque actualmente no existe una legislaci√≥n espec√≠fica, ciertos tokens emitidos en ICO pueden ser considerados valores y deben soportar responsabilidades penales y administrativas. En la √ļltima campa√Īa regulatoria en Argentina, ha llamado la atenci√≥n la discusi√≥n del primer marco regulatorio, que se clasifica como ¬ęinteligente¬Ľ porque tiene como objetivo hacer convenientes a las criptoempresas y todo el ecosistema. La regulaci√≥n es impulsada por la Unidad de Informaci√≥n Financiera (UIF), la Comisi√≥n Nacional de Valores, el Banco Central de Argentina (BCRA), y la Administraci√≥n Federal de Ingresos P√ļblicos (AFIP).

Bolivia

El uso de criptomonedas en Bolivia est√° expl√≠citamente prohibido. La resoluci√≥n titulada ¬ęGerencia de Entidades Financieras, Prohibici√≥n del Uso de Moneda y Unidades Monetarias No Controladas por el Sistema Nacional de Pagos¬Ľ proh√≠be el uso de monedas que no sean emitidas o controladas por el pa√≠s, estados o zona econ√≥mica y dentro del alcance del sistema nacional de pagos. Los pagos electr√≥nicos no se realizan en monedas y unidades monetarias no autorizadas por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Chile

En Chile, todavía no existen regulaciones claras sobre las criptomonedas. Sin embargo, las autoridades financieras chilenas anunciaron en mayo de 2018 que bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, estudiarían el marco regulatorio en el campo de la tecnología financiera, incluidas las criptomonedas. Se espera que el primer borrador del reglamento esté terminado en 2019 y que sea enviado a la Asamblea Nacional de Chile para su discusión en el Consejo de Estabilidad Financiera bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y la participación del Comité de Estabilidad de Chile. Superintendencia de Valores y Seguros, La Superintendencia de Instituciones Bancarias y Financieras y Superintendencia de Fondos de Pensiones. Además, el Ministerio de Finanzas declaró que las criptomonedas están exentas de IVA. Por otra parte, el gobierno de ese país ha mostrado su apoyo a las empresas basadas en este sector económico emergente obligando a los bancos del país a trabajar y conservar abiertas las cuentas bancarias de las casas de cambio de criptomonedas en Chile.

Colombia

En Colombia, actualmente no existe una legislaci√≥n sobre criptomonedas. Sin embargo, las instituciones financieras del pa√≠s han expresado reiteradamente su renuencia a utilizar la criptomoneda, destacando su car√°cter alegal, por lo que las autoridades no asumen ninguna responsabilidad por los riesgos que sufran los usuarios de la criptomoneda. Tambi√©n confirmaron desde el banco central del pa√≠s que Bitcoin no es legal en el mercado financiero de Colombia, pero sus propietarios a√ļn deben pagar impuestos.

No obstante, su posici√≥n con respecto a la cadena de bloques es extremadamente ventajosa. El presidente Iv√°n Duque, expres√≥ inter√©s en utilizar blockchain para incrementar el nivel de transparencia en su gobierno, mientras que el Senado discuti√≥ la posibilidad de implementar esta tecnolog√≠a para modernizar la administraci√≥n. En abril de 2019, el diputado Mauricio Toro mostr√≥ un proyecto de ley al Congreso para regular los servicios de intercambio de criptoactivos proporcionados por las casas de cambio, incluida la creaci√≥n de un registro √ļnico para que estas plataformas puedan demostrar su cumplimiento en procedimiento de ‚ÄúConozca a su cliente‚ÄĚ (KYC) y lucha contra el blanqueo de capitales (AML).

Costa Rica

Como principal autoridad monetaria del pa√≠s, el Banco Central de Costa Rica ha establecido una posici√≥n en contra de las criptomonedas, diciendo que el col√≥n es la √ļnica moneda de uso legal de Costa Rica. En general, siempre que cumplan con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pueden comerciar libremente con activos cifrados bajo el riesgo de cada usuario.

Cuba

Desde el gobierno cubano, no ha habido un pronunciamiento o posición oficial con respecto a la criptomoneda, por lo que todavía se encuentra en un área gris en temas legislativos.

Rep√ļblica Dominicana

Como √ļnico ente emisor de billetes y monedas en circulaci√≥n, el Banco Central de la Rep√ļblica Dominicana ha advertido a sus connacionales de los riesgos en el uso de criptomonedas porque no cuentan con el apoyo del Banco y por lo tanto no pueden gozar de la protecci√≥n del marco legal dominicano. En tal sentido, las personas pueden utilizar criptomonedas bajo su propia responsabilidad.

Ecuador

El Banco Central del Ecuador ha determinado que no est√° prohibido comprar y vender criptomonedas como Bitcoin a trav√©s de Internet; sin embargo, se debe enfatizar que Bitcoin no es moneda de uso legal y no est√° acreditada como moneda ecuatoriana seg√ļn el art√≠culo 94 del C√≥digo Org√°nico Monetario y Financiero.

La Ley Penal antes mencionada establece sanciones contra quienes intenten realizar cualquier tipo de negocio relacionado, incluyendo sanciones penales. El artículo 94 también implica limitaciones al mercado nacional de criptomonedas, reduciendo la capacidad y los derechos del usuario, especialmente la capacidad de canjear criptomonedas por moneda de curso legal en una institución legalmente establecida en Ecuador.

Ecuador está tratando de implementar una moneda digital nacional. No obstante, a pesar de los esfuerzos para promover su adopción, el proyecto no ha sido completamente exitoso.

El Salvador

En El Salvador tambi√©n se ha establecido una posici√≥n anti-criptomoneda y determin√≥ que las √ļnicas monedas legales en el pa√≠s son el col√≥n y el d√≥lar estadounidense, por lo que el uso de criptoactivos no est√° incluido en el riesgo de sus inversionistas salvo que as√≠ lo √©stos lo decidan ya que no cuenta con un marco legal que apoye esta tecnolog√≠a en el pa√≠s. Respecto a la Oferta Inicial de Monedas (ICO), El Salvador prohibi√≥ su realizaci√≥n en un comunicado emitido por el Banco Central en noviembre de 2017.

Espa√Īa

Desde febrero del a√Īo 2018, los parlamentarios de Espa√Īa han insistido en la necesidad de elaborar un marco legal que regule el uso de las criptomonedas y han debatido el asunto. Sin embargo, en este sentido, todav√≠a no existe una ley oficial que abarque todos los detalles y peculiaridades que espera la autoridad de valores del pa√≠s.

Sin embargo, existen algunas regulaciones, especialmente las relacionadas con los impuestos, ya que los ciudadanos deben declarar todas las ganancias que obtienen en los intercambios de criptomonedas al momento de hacer la declaraci√≥n del impuesto sobre la renta. Del mismo modo, la Comisi√≥n Nacional del Mercado de Valores tambi√©n emiti√≥ regulaciones sobre ofertas iniciales de monedas y sus criterios para establecer fondos de inversi√≥n en criptomonedas en Espa√Īa.

Guatemala

La presidencia de el Banco Central de Guatemala afirm√≥ que la √ļnica moneda legal en Guatemala es el quetzal, y quienes usen bitcoin u otros activos encriptados en el pa√≠s correr√°n con sus propios riesgos.

Honduras

En Honduras, no existen regulaciones claras para las criptomonedas. Hasta ahora, solo el banco central del país se ha manifestado sobre el estatus legal de esta tecnología. A través de un comunicado emitido en enero de 2018, aclararon que las criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otras no son apoyadas por el Banco Central de Honduras, por lo que no legaliza ni avala su uso. El banco declara que no brindarán protección legal a los usuarios de estos tokens, por lo que quienes comercian con criptoactivos deben asumir sus propios riesgos y consecuencias.

México

M√©xico est√° a la vanguardia de la regulaci√≥n latinoamericana, en marzo de 2018 promulg√≥ la ¬ęLey para la Regulaci√≥n de Instituciones de Tecnolog√≠a Financiera¬Ľ (ITF), com√ļnmente conocida como la ¬ęLey FinTech¬Ľ. La ley se denomina como de ¬ęactivos virtuales¬Ľ, y en ella debe entenderse como activo virtual la expresi√≥n de valor registrada electr√≥nicamente y usada por el p√ļblico como medio de pago para diversas acciones legales y s√≥lo puede ser transferida electr√≥nicamente.

Bajo esta regulación, el Banco de México (Banxico) surgió como el tutor de las casas de cambio para activos criptográficos y otros proveedores de servicios que poseen activos virtuales. Por tanto, es Banxico quien faculta la operación de los intercambios de criptomonedas y cuáles de ellos pueden venderse legalmente.

Uno de los requisitos para autorizar sus operaciones es cumplir con el est√°ndar ¬ęConozca a su cliente¬Ľ (KYC), que solicita que cada usuario abra una cuenta presencial, lo que requiere entrevistas o formularios. Si la suscripci√≥n se realiza a trav√©s del dispositivo, es decir, no en persona, el suscriptor debe proporcionar la informaci√≥n de ubicaci√≥n geogr√°fica de su dispositivo al registrarse y realizar cada operaci√≥n.

Por otro lado, el artículo 34 Capítulo IV sobre Informes de Operación de Activos Virtuales estipula que el usuario está obligado a enviar al ente regulador un informe por cada compra y operación de activos virtuales con moneda nacional o cualquier moneda independientemente del monto y un reporte por cada transacción de la venta de activos virtuales en la cual se reciba monedas de uso legal en el territorio mexicano por un monto superior o igual a US $ 225.

En México, las instituciones que requieren una licencia para operar como criptobolsa de criptomonedas se limitan a instituciones que brinden a los consumidores compraventa de moneda fiduciaria. En este sentido, las plataformas dedicadas al intercambio de activos cifrados pueden seguir operando sin el marco legal.

Con respecto a las regulaciones que rigen el financiamiento colectivo la ley recomienda identificar completamente a los inversores y solicitantes. Además, la ley estipula que la ITF solo reciba y envíe dinero a través de cuentas en el sistema financiero. Prohíbe a los oferentes de tokens garantizar el retorno de la inversión y garantizar a los clientes sus inversiones y prohíbe a los miembros de la empresa de ofertas invertir en sus propias ofertas. Se espera que en los próximos tiempos se formulen regulaciones secundarias sobre activos virtuales específicos.

Nicaragua

En la actualidad, las autoridades financieras de Nicaragua no han emitido ning√ļn fallo sobre las criptomonedas, por lo que el pa√≠s ha mantenido un vac√≠o regulatorio para facilitar el intercambio extralegal de esta tecnolog√≠a financiera en su territorio.

Panam√°

En este pa√≠s centroamericano, actualmente no existen regulaciones sobre criptomonedas. Seg√ļn representantes de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam√°, las autoridades financieras a√ļn est√°n estudiando el tema con el fin de presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que brinde un marco legal regulatorio para determinar su personalidad jur√≠dica. Sin embargo, el reglamento a√ļn no tiene fecha de vigencia.

En el pasado, la Superintendencia de Bancos emiti√≥ alertas sobre la inversi√≥n en criptomonedas, invitando al p√ļblico a buscar asesoramiento al comerciar con estos activos, comprender los riesgos y actuar con cautela. De igual manera, inst√≥ a los organismos supervisados ‚Äč‚Äčpor Superintendencia a estar conscientes de los riesgos dado que no existe una reglamentaci√≥n concreta al respecto en Panam√° y estas actividades no entrar√≠an dentro de su √°mbito de competencia. Por ello, entonces se deben tomar las medidas necesarias para evitar el uso indebido de sus servicios y plataformas para estos fines. En marcado contraste, un plan para crear una incubadora de empresas enfocadas en tecnolog√≠a financiera o FinTech, promovida desde la Superintendencia y respaldada por otras autoridades paname√Īas, ha asignado a la tecnolog√≠a de contabilidad distribuida a su enfoque principal.

Paraguay

En Paraguay, no hay medidas espec√≠ficas de regulaci√≥n para las criptomonedas y las autoridades del pa√≠s rara vez se han pronunciado al respecto. En algunos casos, el gobierno ha dado apoyo y aprobaci√≥n para realizar negocios relacionados con el ecosistema cooperando en planes de miner√≠a para aprovechar el excedente el√©ctrico generado por las represas del pa√≠s (de las represas m√°s grandes del mundo) y garantizar precios de un precio invariable y estable durante 15 a√Īos.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han aprobado acuerdos de cooperación interinstitucional para suscitar la trazabilidad de productos cárnicos mediante blockchain. De esta forma, aunque no existe una normativa específica, el gobierno paraguayo está abierto a la tecnología de encriptación.

Per√ļ

El Per√ļ cuenta con diversas medidas regulatorias que permiten el uso de dinero electr√≥nico, por ejemplo, la Ley N ¬į 29985, la Ley de Dinero Electr√≥nico y su reglamento de implementaci√≥n. Sin embargo, las criptomonedas no han sido reconocidas como monedas v√°lidas, por lo que las reglas relativas a las monedas no se les aplican pero esto no significa que est√©n prohibidas. Sin embargo, las empresas peruanas no pueden capturar ni invertir en Bitcoin. Los bancos tampoco aceptan abrir cuentas de ahorro ni pagar intereses en bitcoins.

El Banco Central de Reserva del Per√ļ, la principal instituci√≥n financiera del pa√≠s, se ha manifestado ente los posibles riesgos potenciales de invertir en criptoactivos, como el posible fraude y el uso de estos criptoactivos en actividades delictivas.

La Autoridad Reguladora del Mercado de Valores de Per√ļ (SMV) emiti√≥ una advertencia similar, alertando a los posibles inversores del riesgo de las ICO debido a la falta de apoyo regulatorio.

Asimismo, informa que cualquier publicidad relativa a la compra, venta o suscripción de activos financieros sólo puede ser ejecutada por empresas previamente autorizadas o supervisadas por la SMV o la Superintendencia de Banca y Seguros.

Desde 2017, la Superintendencia ha sido parte del consorcio autorizado blockchain R3CEV con miras a examinar su solución de contabilidad distribuida. Hasta el momento, no han avanzado en ninguna aplicación asociada a esta tecnología, pero esto indica que este país está interesado en conocer este desarrollo financiero.

Per√ļ Compras, una instituci√≥n adscrita al Ministerio de Econom√≠a y Finanzas de Per√ļ, es una agencia peruana que ha avanzado en el uso de la contabilidad distribuida, actuando como intermediario entre diferentes entidades del Estado y los ¬†cat√°logos electr√≥nicos de compras. Ellos se encuentran utilizando la cadena de bloques o blockchain del Banco Interamericano LAC-Chain para registrar y agilizar las √≥rdenes de compra que se hacen en ese pa√≠s.

Uruguay

Uruguay ha mostrado una clara aceptaci√≥n del uso de criptomonedas. Si bien el establecimiento de un marco regulatorio no forma parte del plan del gobierno, una iniciativa privada denominada ¬ęC√°mara Uruguaya de Fintech‚ÄĚ anunci√≥ la conformaci√≥n del Comit√© de Criptomonedas, que ser√° el encargado de redactar el marco legal.

Por el contrario, el gobernador del Banco Central de Uruguay expresó dudas sobre la aparente afinidad entre el gobierno y los activos criptográficos después de afirmar en abril de 2018 que Bitcoin no es una moneda que compita con las monedas nacionales.

Sin embargo, la instituci√≥n p√ļblica encargada de financiar y promover las nuevas tecnolog√≠as, el Instituto Nacional de Innovaci√≥n e Investigaci√≥n de Uruguay, ha colaborado con el sector privado para impulsar proyectos que incluyen tecnolog√≠a blockchain y dotarlos de un presupuesto que les permita desarrollarse. .

Venezuela

Las regulaciones de Venezuela relacionadas con la criptomoneda comenzaron en diciembre de 2017, cuando el pa√≠s anunci√≥ el registro y certificaci√≥n de personal especializado en criptominer√≠a. En febrero de 2018 se abri√≥ el registro online y otorgamiento de certificados de mineros, que es el primer paso para obtener una licencia de ¬ęminero digital¬Ľ.

El sistema de registro es la antesala de la preventa del Petro, que es una criptomoneda respaldada por petr√≥leo y otras materias primas creada por el ejecutivo nacional en 2018. Posteriormente, en abril de ese a√Īo, se estableci√≥ formalmente un agente regulador para el sector de las criptomonedas y se estableci√≥ una tesorer√≠a como la responsable de la emisi√≥n, custodia, recolecci√≥n y distribuci√≥n de los criptoactivos. Estas instituciones fueron finalmente establecidas en octubre bajo los nombres de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y la Tesorer√≠a de Criptoactivos de Venezuela.

En enero de 2019, seg√ļn decreto, las personas o empresas que realicen negocios en criptomonedas deben calcular y declarar impuestos sobre los criptoactivos, aunque todav√≠a se espera que las autoridades bancarias del pa√≠s estipulen los procedimientos de declaraci√≥n.

A fines de enero de ese mismo a√Īo entr√≥ en vigencia el decreto sobre la composici√≥n del ¬ęSistema Integral de Criptoactivos¬Ľ y se utilizar√°n una serie de medidas regulatorias gubernamentales para supervisar toda la industria de activos cifrados del pa√≠s. Estas medidas incluyen la miner√≠a, el establecimiento de casas de cambio de criptomonedas e intercambios.

La ley estipula que la multa máxima por realizar cualquier actividad relacionada con criptoactivos (incluida la minería) sin permiso es de US $ 18.000.

De acuerdo con la normativa, Sunacrip es responsable de supervisar la plataforma de negociación de criptomonedas venezolana y otorgar las licencias correspondientes a cada proveedor de servicios en función de las actividades económicas, determinando precios de negociación y las criptomonedas que podrán negociarse.

La √ļltima disposici√≥n regulatoria emitida por el Estado venezolano ha sido una providencia sobre el env√≠o y admisi√≥n de remesas en el pa√≠s. De acuerdo con el texto del reglamento, Sunacrip tendr√° derecho a establecer l√≠mites al monto a enviar, establecer el valor de los activos encriptados en bol√≠vares soberanos (moneda local), especificar el tipo de cambio y solicitar transacciones de remesas especificando los datos del emisor y receptor involucrados en la transacci√≥n. De la misma manera, el documento establece que el ente regulador depender√° o se apoyar√° en una plataforma tecnol√≥gica, la cual determinar√° c√≥mo manejar dichas operaciones.

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