Esta es la primera pregunta que se hará una persona después de conocer esta tecnología. Una pregunta aparentemente simple; cualquiera solo puede esperar dos probables respuestas: un sí o un no. Pero quizás estas preguntas se han vuelto más complicadas: ¿No son estas monedas de curso legal emitidas por algún país o banco central? En la mayoría de los países, ni es, ni no es. Debido a su novedad, globalidad y el potencial que posee, Bitcoin y otras criptomonedas tienden a caer en áreas grises y ambiguas en términos de legalidad.
Pero, ¿Realmente Bitcoin es legal? A fin de dar respuesta a esta pregunta, es necesario aclarar el significado de lo que es Bitcoin.
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Conceptualización de Criptomoneda
Empecemos por mencionar que Bitcoin es la primera criptomoneda. En términos generales, una criptomoneda es un programa informático que consiste en información compartida y ejecutada, formándose a partir de este hecho sus cualidades como programa informático. En etimología latina, pro-gramar significa escribir antes o más exactamente, pre-escribir.
Al utilizar un determinado lenguaje de programación, se pueden establecer reglas para la ejecución interna del programa. Esta ejecución se convierte en información acerca de las condiciones, procesos y réplicas de las operaciones realizadas por el usuario al interactuar con el software. La información ordenada y ejecutada por el algoritmo es en última instancia la composición del programa, casi la Carta Magna que define el alcance de la aplicación. Es por ello que los ingenieros y desarrolladores de software, insisten mucho en que «el código es la ley».
En el caso de la criptomoneda, su “estructura gramatical” debe programarse para asegurar que la información transmitida sea verificada y registrada de manera consensuada y distribuida entre tantas estaciones de trabajo como pueda ser posible. La seguridad que proporciona este consenso y la verificación distribuida de la información cifrada o criptográfica confiere valor a Bitcoin, y por este valor, es que se le confiere el nombre de moneda cifrada ya que llega a ser un valor transmitido criptográficamente.
Esta tecnología brinda una nueva capa de seguridad y efectividad para la transmisión de valores a través de Internet, lo que promueve el desarrollo de nuevos programas, es decir, nuevas posibilidades para desarrollar, ejecutar y realizar operaciones digitales a través de lenguajes informáticos que reconozcan esta tecnología de contabilidad distribuida.
Por lo tanto, también se le ha dado el nombre de criptoactivo ya que no solo es un activo en el sentido tradicional de valor financiero, sino que también incluye el valor del activo debido a que siempre que sea dinámico a través de las acciones que realiza se cataloga como un valor en movimiento.
Debido a estas características, es difícil de entender en estándares conocidos, por lo que cuando se le pregunta sobre su legalidad, esta tecnología cae inevitablemente en un área gris. Ya sea a través del gobierno o mediante leyes activas sobre esta tecnología emergente que no entendemos por completo, es importante en la práctica usarla con medidas de seguridad. Sin embargo, es una incógnita de segundo orden considerando la profundidad del cambio en la legitimidad en la introducción del Bitcoin y la tecnología de activos cifrados a la legalidad en sí.
Para nadie es un secreto que nuestras vidas están digitalizadas. La legalidad también se ha vuelto digital. En el futuro, es posible que podamos observar que las órdenes judiciales con respecto a las propiedades conectadas a Internet se podrían ejecutar automáticamente a través del uso de contratos inteligentes. Por tanto, debido al cambio de paradigma que esta tecnología impone a la relación entre las personas, resulta vago definirla según los estándares legales tradicionales relacionados con las finanzas. Por ello, se ha insistido en diseñar un nuevo modelo regulatorio adecuado para esta tecnología.
Por ello, debemos prestar atención a la calidad y atributos de la tecnología para poder ajustarla de forma eficaz. Sus cualidades y características están escritas en su código, esto se traduce en que en si misma está su ley. En este sentido, como tecnología de Internet, las leyes locales generalmente no tienen el poder de supervisarla total y efectivamente. Sí, al igual que China, se han emitido leyes y prohibiciones. Pero, ¿Qué pasó en esta situación? La respuesta es que han surgido mercados paralelos. Los usuarios confían en las herramientas proporcionadas por Internet como servicios de VPN, mensajerías encriptadas o sencillamente trabajar en niveles profundos de Internet para continuar operando con monedas encriptadas.
Para restringir completamente su uso, sería necesario prohibir o bloquear los servicios prestados por Internet (ISP) a nivel mundial a la dirección web vinculada a esta tecnología. Actualmente, en la mayoría de los países, Bitcoin y los activos criptográficos todavía tienen lagunas en términos de legislación positiva. Se puede decir entonces que las leyes de la mayoría de los bancos centrales del mundo estipulan claramente que estas instituciones se especializan en emitir tipos de moneda. Sin embargo, como hemos visto, Bitcoin y los activos encriptados no se encuentran solo en la categoría de monedas, sino que también se clasifican en propiedades, materias primas, activos, valores, etc. por diferentes instituciones.
Por lo tanto, antes de que la emisión de criptomonedas pueda constituir un delito, las autoridades de cada país deben indicar su comprensión acerca de Bitcoin, su comprensión de las criptomonedas y las consecuencias de su emisión. Al mismo tiempo, debido a que no existe fuerza vinculante y leyes vigentes para regular esta materia, Bitcoin se ajusta a este principio legal, y se permite contenido que no esté expresamente prohibido argumentando que lo que no está claramente vedado está permitido.
Promulgar leyes sobre criptomonedas
Para que los inversionistas y empresarios estén seguros de que podrán beneficiarse del uso de estas tecnologías sin el riesgo de violar ninguna ley, es vital que las autoridades de todo el mundo las reconozcan en las leyes relacionadas con ellas. Para promover la adopción masiva, es necesario incluir estas regulaciones en las transacciones electrónicas, la obtención de capital y la emisión de valores para las ICO, las leyes tributarias, antifraude y de lavado de dinero y otras regulaciones.
Sin embargo, es cuestionable si es necesario elaborar una legislación específica para estas tecnologías que aún se encuentran en una etapa incipiente y cómo legislar para lograr las regulaciones más beneficiosas.
Como se ha determinado, esta tecnología afecta a muchas áreas de las relaciones humanas con sus múltiples posibilidades. Por ejemplo, se han definido aplicaciones como los contratos inteligentes que actúan como contratos condicionales y automatizan los procesos comerciales diarios que en algunos casos rastrea mercancías en la cadena de suministro. Esto se considera como actos legales en ciertos territorios sin legislaciones expresas. Lo mismo ha pasado cuando ciertos “tokens” se definieron como activos financieros en base al test de Howey y debieron ajustarse a los requisitos de las leyes tradicionales.
Es difícil decir si esta es la mejor manera de otorgar reconocimiento legal a la tecnología de criptoactivos. Sin embargo, al intentar redactar una legislación específica sobre esta tecnología, por ejemplo en Brasil, los legisladores reconocen todas estas dificultades.
La legislación sobre criptoactivos también implica la creación de consensos sobre la definición de diferentes áreas de la tecnología y en la mayoría de los casos la definición de estas áreas aún es vaga. Por ello, es necesario dialogar sobre este tema y establecer estándares y acuerdos, actividad esta que ha comenzado a aparecer en diversas empresas del ecosistema con medidas de autorregulación. Parece que no solo en términos humanos, sino también para el propio código, la autorregulación es la forma más eficaz de regular esta tecnología.
En el caso particular de Bitcoin, si no es considerada una propiedad (como lo ha defendido en el pasado la Comisión de Comercio en Futuros sobre mercancías de EE. UU), sino como moneda, ¿cuáles son las leyes y regulaciones pertinentes para regularlo? Generalmente, las monedas no tienen sus propias leyes. En ausencia de controles cambiarios sobre monedas ilegales vinculadas a divisas, las monedas legales de diferentes países suelen estar reguladas por las leyes del banco central. Estas leyes están diseñadas para regular los poderes del banco central responsable de la política monetaria del país. Por lo tanto, su función más básica es utilizar la gestión de tipos de interés en general para lograr la estabilidad de precios y mantener el valor de la moneda nacional. Asimismo, estipulan moneda de curso legal y se encargan de la emisión y saneamiento de esta moneda para la robustez y firmeza económica del país. Es entonces en este sentido, el organismo responsable de controlar la inflación.
Como se mencionó anteriormente, la gobernanza de esta criptomoneda generalmente se regula en su propio código. Por ejemplo, en Bitcoin, la emisión de moneda está predeterminada matemáticamente. A través de un proceso de verificación de transacciones llamado minería, los mineros reciben un retorno de la potencia de procesamiento para la seguridad de la red al pagar por nuevas monedas generadas a partir del mismo proceso de verificación. Sin embargo, esta emisión se controla mediante dos procesos: el ajuste de dificultad y el halving. Para evitar que las monedas se creen prematuramente a medida que aumenta la potencia de procesamiento, el código de Bitcoin estipula que cuanto mayor sea la potencia de procesamiento, más difícil será extraerlas o minarlas. Por lo tanto, ante cada vez más dificultades, es necesario utilizar equipos cada vez más potentes para seguir beneficiándose de esta minería.
Por otro lado, también se prevé que aumente el número de mineros en la red. Este fenómeno ocurre por cada 210.000 bloques agregados a la cadena principal, lo cual es un fenómeno conocido como halving, es decir, la recompensa minera se reducirá a la mitad. Así, inicialmente, la recompensa por extraer Bitcoin fue de 50 BTC y una vez minada tal cantidad de bloques, la recompensa se redujo a 25 BTC en 2012; y alcanzó los 12,5 BTC en 2016. Mediante estos procesos constituidos en el protocolo de Bitcoin, es posible saber cuándo se emitirán los últimos BTC de 21 millones que es la circulación total.
Esto es una manifestación de autorregulación dentro de los mismos límites predeterminados en el código de la criptomoneda. Se puede ver que el código es ley en lo relacionado a los controles para regular la moneda. Ahora bien, ¿qué se puede o no se puede hacer con el uso de la criptomoneda, si el delito es utilizarla como herramienta de pago en lugar de cualquier otra moneda tradicional? las consecuencias deben depender de la actividad ilegal realizada, no de los medios para realizar la actividad. Porque, como el lavado de dinero con dólares, el delito lo cometen las personas, no el dinero.
Legitimidad en países hispanos
La legitimidad de Bitcoin y las criptomonedas varía inevitablemente de un país a otro, fluctuando entre permisos, restricciones y hostilidades. Esto también es cierto en los países hispanos. Veamos las diferentes posiciones de los países en estas tecnologías:
Argentina
La posición legal de Argentina sobre las criptomonedas es permisible e incluso ventajosa. El banco central del país está tomando iniciativas para aprender más sobre este tema y varias agencias gubernamentales también están estudiando cómo aplicar estas tecnologías a sus programas de administración.. Sin embargo, aunque ha habido intentos de ampliar el alcance de la recaudación de impuestos a las criptomonedas en el pasado, no ha sido aprobado, por lo que no existe una legislación que regule este asunto.
De igual forma, la Comisión Nacional de Valores de Argentina manifestó que aunque actualmente no existe una legislación específica, ciertos tokens emitidos en ICO pueden ser considerados valores y deben soportar responsabilidades penales y administrativas. En la última campaña regulatoria en Argentina, ha llamado la atención la discusión del primer marco regulatorio, que se clasifica como «inteligente» porque tiene como objetivo hacer convenientes a las criptoempresas y todo el ecosistema. La regulación es impulsada por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de Argentina (BCRA), y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Bolivia
El uso de criptomonedas en Bolivia está explícitamente prohibido. La resolución titulada «Gerencia de Entidades Financieras, Prohibición del Uso de Moneda y Unidades Monetarias No Controladas por el Sistema Nacional de Pagos» prohíbe el uso de monedas que no sean emitidas o controladas por el país, estados o zona económica y dentro del alcance del sistema nacional de pagos. Los pagos electrónicos no se realizan en monedas y unidades monetarias no autorizadas por el Banco Central de Bolivia (BCB).
Chile
En Chile, todavía no existen regulaciones claras sobre las criptomonedas. Sin embargo, las autoridades financieras chilenas anunciaron en mayo de 2018 que bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, estudiarían el marco regulatorio en el campo de la tecnología financiera, incluidas las criptomonedas. Se espera que el primer borrador del reglamento esté terminado en 2019 y que sea enviado a la Asamblea Nacional de Chile para su discusión en el Consejo de Estabilidad Financiera bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y la participación del Comité de Estabilidad de Chile. Superintendencia de Valores y Seguros, La Superintendencia de Instituciones Bancarias y Financieras y Superintendencia de Fondos de Pensiones. Además, el Ministerio de Finanzas declaró que las criptomonedas están exentas de IVA. Por otra parte, el gobierno de ese país ha mostrado su apoyo a las empresas basadas en este sector económico emergente obligando a los bancos del país a trabajar y conservar abiertas las cuentas bancarias de las casas de cambio de criptomonedas en Chile.
Colombia
En Colombia, actualmente no existe una legislación sobre criptomonedas. Sin embargo, las instituciones financieras del país han expresado reiteradamente su renuencia a utilizar la criptomoneda, destacando su carácter alegal, por lo que las autoridades no asumen ninguna responsabilidad por los riesgos que sufran los usuarios de la criptomoneda. También confirmaron desde el banco central del país que Bitcoin no es legal en el mercado financiero de Colombia, pero sus propietarios aún deben pagar impuestos.
No obstante, su posición con respecto a la cadena de bloques es extremadamente ventajosa. El presidente Iván Duque, expresó interés en utilizar blockchain para incrementar el nivel de transparencia en su gobierno, mientras que el Senado discutió la posibilidad de implementar esta tecnología para modernizar la administración. En abril de 2019, el diputado Mauricio Toro mostró un proyecto de ley al Congreso para regular los servicios de intercambio de criptoactivos proporcionados por las casas de cambio, incluida la creación de un registro único para que estas plataformas puedan demostrar su cumplimiento en procedimiento de “Conozca a su cliente” (KYC) y lucha contra el blanqueo de capitales (AML).
Costa Rica
Como principal autoridad monetaria del país, el Banco Central de Costa Rica ha establecido una posición en contra de las criptomonedas, diciendo que el colón es la única moneda de uso legal de Costa Rica. En general, siempre que cumplan con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pueden comerciar libremente con activos cifrados bajo el riesgo de cada usuario.
Cuba
Desde el gobierno cubano, no ha habido un pronunciamiento o posición oficial con respecto a la criptomoneda, por lo que todavía se encuentra en un área gris en temas legislativos.
República Dominicana
Como único ente emisor de billetes y monedas en circulación, el Banco Central de la República Dominicana ha advertido a sus connacionales de los riesgos en el uso de criptomonedas porque no cuentan con el apoyo del Banco y por lo tanto no pueden gozar de la protección del marco legal dominicano. En tal sentido, las personas pueden utilizar criptomonedas bajo su propia responsabilidad.
Ecuador
El Banco Central del Ecuador ha determinado que no está prohibido comprar y vender criptomonedas como Bitcoin a través de Internet; sin embargo, se debe enfatizar que Bitcoin no es moneda de uso legal y no está acreditada como moneda ecuatoriana según el artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
La Ley Penal antes mencionada establece sanciones contra quienes intenten realizar cualquier tipo de negocio relacionado, incluyendo sanciones penales. El artículo 94 también implica limitaciones al mercado nacional de criptomonedas, reduciendo la capacidad y los derechos del usuario, especialmente la capacidad de canjear criptomonedas por moneda de curso legal en una institución legalmente establecida en Ecuador.
Ecuador está tratando de implementar una moneda digital nacional. No obstante, a pesar de los esfuerzos para promover su adopción, el proyecto no ha sido completamente exitoso.
El Salvador
En El Salvador también se ha establecido una posición anti-criptomoneda y determinó que las únicas monedas legales en el país son el colón y el dólar estadounidense, por lo que el uso de criptoactivos no está incluido en el riesgo de sus inversionistas salvo que así lo éstos lo decidan ya que no cuenta con un marco legal que apoye esta tecnología en el país. Respecto a la Oferta Inicial de Monedas (ICO), El Salvador prohibió su realización en un comunicado emitido por el Banco Central en noviembre de 2017.
España
Desde febrero del año 2018, los parlamentarios de España han insistido en la necesidad de elaborar un marco legal que regule el uso de las criptomonedas y han debatido el asunto. Sin embargo, en este sentido, todavía no existe una ley oficial que abarque todos los detalles y peculiaridades que espera la autoridad de valores del país.
Sin embargo, existen algunas regulaciones, especialmente las relacionadas con los impuestos, ya que los ciudadanos deben declarar todas las ganancias que obtienen en los intercambios de criptomonedas al momento de hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Del mismo modo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores también emitió regulaciones sobre ofertas iniciales de monedas y sus criterios para establecer fondos de inversión en criptomonedas en España.
Guatemala
La presidencia de el Banco Central de Guatemala afirmó que la única moneda legal en Guatemala es el quetzal, y quienes usen bitcoin u otros activos encriptados en el país correrán con sus propios riesgos.
Honduras
En Honduras, no existen regulaciones claras para las criptomonedas. Hasta ahora, solo el banco central del país se ha manifestado sobre el estatus legal de esta tecnología. A través de un comunicado emitido en enero de 2018, aclararon que las criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otras no son apoyadas por el Banco Central de Honduras, por lo que no legaliza ni avala su uso. El banco declara que no brindarán protección legal a los usuarios de estos tokens, por lo que quienes comercian con criptoactivos deben asumir sus propios riesgos y consecuencias.
México
México está a la vanguardia de la regulación latinoamericana, en marzo de 2018 promulgó la «Ley para la Regulación de Instituciones de Tecnología Financiera» (ITF), comúnmente conocida como la «Ley FinTech». La ley se denomina como de «activos virtuales», y en ella debe entenderse como activo virtual la expresión de valor registrada electrónicamente y usada por el público como medio de pago para diversas acciones legales y sólo puede ser transferida electrónicamente.
Bajo esta regulación, el Banco de México (Banxico) surgió como el tutor de las casas de cambio para activos criptográficos y otros proveedores de servicios que poseen activos virtuales. Por tanto, es Banxico quien faculta la operación de los intercambios de criptomonedas y cuáles de ellos pueden venderse legalmente.
Uno de los requisitos para autorizar sus operaciones es cumplir con el estándar «Conozca a su cliente» (KYC), que solicita que cada usuario abra una cuenta presencial, lo que requiere entrevistas o formularios. Si la suscripción se realiza a través del dispositivo, es decir, no en persona, el suscriptor debe proporcionar la información de ubicación geográfica de su dispositivo al registrarse y realizar cada operación.
Por otro lado, el artículo 34 Capítulo IV sobre Informes de Operación de Activos Virtuales estipula que el usuario está obligado a enviar al ente regulador un informe por cada compra y operación de activos virtuales con moneda nacional o cualquier moneda independientemente del monto y un reporte por cada transacción de la venta de activos virtuales en la cual se reciba monedas de uso legal en el territorio mexicano por un monto superior o igual a US $ 225.
En México, las instituciones que requieren una licencia para operar como criptobolsa de criptomonedas se limitan a instituciones que brinden a los consumidores compraventa de moneda fiduciaria. En este sentido, las plataformas dedicadas al intercambio de activos cifrados pueden seguir operando sin el marco legal.
Con respecto a las regulaciones que rigen el financiamiento colectivo la ley recomienda identificar completamente a los inversores y solicitantes. Además, la ley estipula que la ITF solo reciba y envíe dinero a través de cuentas en el sistema financiero. Prohíbe a los oferentes de tokens garantizar el retorno de la inversión y garantizar a los clientes sus inversiones y prohíbe a los miembros de la empresa de ofertas invertir en sus propias ofertas. Se espera que en los próximos tiempos se formulen regulaciones secundarias sobre activos virtuales específicos.
Nicaragua
En la actualidad, las autoridades financieras de Nicaragua no han emitido ningún fallo sobre las criptomonedas, por lo que el país ha mantenido un vacío regulatorio para facilitar el intercambio extralegal de esta tecnología financiera en su territorio.
Panamá
En este país centroamericano, actualmente no existen regulaciones sobre criptomonedas. Según representantes de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, las autoridades financieras aún están estudiando el tema con el fin de presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que brinde un marco legal regulatorio para determinar su personalidad jurídica. Sin embargo, el reglamento aún no tiene fecha de vigencia.
En el pasado, la Superintendencia de Bancos emitió alertas sobre la inversión en criptomonedas, invitando al público a buscar asesoramiento al comerciar con estos activos, comprender los riesgos y actuar con cautela. De igual manera, instó a los organismos supervisados por Superintendencia a estar conscientes de los riesgos dado que no existe una reglamentación concreta al respecto en Panamá y estas actividades no entrarían dentro de su ámbito de competencia. Por ello, entonces se deben tomar las medidas necesarias para evitar el uso indebido de sus servicios y plataformas para estos fines. En marcado contraste, un plan para crear una incubadora de empresas enfocadas en tecnología financiera o FinTech, promovida desde la Superintendencia y respaldada por otras autoridades panameñas, ha asignado a la tecnología de contabilidad distribuida a su enfoque principal.
Paraguay
En Paraguay, no hay medidas específicas de regulación para las criptomonedas y las autoridades del país rara vez se han pronunciado al respecto. En algunos casos, el gobierno ha dado apoyo y aprobación para realizar negocios relacionados con el ecosistema cooperando en planes de minería para aprovechar el excedente eléctrico generado por las represas del país (de las represas más grandes del mundo) y garantizar precios de un precio invariable y estable durante 15 años.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han aprobado acuerdos de cooperación interinstitucional para suscitar la trazabilidad de productos cárnicos mediante blockchain. De esta forma, aunque no existe una normativa específica, el gobierno paraguayo está abierto a la tecnología de encriptación.
Perú
El Perú cuenta con diversas medidas regulatorias que permiten el uso de dinero electrónico, por ejemplo, la Ley N ° 29985, la Ley de Dinero Electrónico y su reglamento de implementación. Sin embargo, las criptomonedas no han sido reconocidas como monedas válidas, por lo que las reglas relativas a las monedas no se les aplican pero esto no significa que estén prohibidas. Sin embargo, las empresas peruanas no pueden capturar ni invertir en Bitcoin. Los bancos tampoco aceptan abrir cuentas de ahorro ni pagar intereses en bitcoins.
El Banco Central de Reserva del Perú, la principal institución financiera del país, se ha manifestado ente los posibles riesgos potenciales de invertir en criptoactivos, como el posible fraude y el uso de estos criptoactivos en actividades delictivas.
La Autoridad Reguladora del Mercado de Valores de Perú (SMV) emitió una advertencia similar, alertando a los posibles inversores del riesgo de las ICO debido a la falta de apoyo regulatorio.
Asimismo, informa que cualquier publicidad relativa a la compra, venta o suscripción de activos financieros sólo puede ser ejecutada por empresas previamente autorizadas o supervisadas por la SMV o la Superintendencia de Banca y Seguros.
Desde 2017, la Superintendencia ha sido parte del consorcio autorizado blockchain R3CEV con miras a examinar su solución de contabilidad distribuida. Hasta el momento, no han avanzado en ninguna aplicación asociada a esta tecnología, pero esto indica que este país está interesado en conocer este desarrollo financiero.
Perú Compras, una institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, es una agencia peruana que ha avanzado en el uso de la contabilidad distribuida, actuando como intermediario entre diferentes entidades del Estado y los catálogos electrónicos de compras. Ellos se encuentran utilizando la cadena de bloques o blockchain del Banco Interamericano LAC-Chain para registrar y agilizar las órdenes de compra que se hacen en ese país.
Uruguay
Uruguay ha mostrado una clara aceptación del uso de criptomonedas. Si bien el establecimiento de un marco regulatorio no forma parte del plan del gobierno, una iniciativa privada denominada «Cámara Uruguaya de Fintech” anunció la conformación del Comité de Criptomonedas, que será el encargado de redactar el marco legal.
Por el contrario, el gobernador del Banco Central de Uruguay expresó dudas sobre la aparente afinidad entre el gobierno y los activos criptográficos después de afirmar en abril de 2018 que Bitcoin no es una moneda que compita con las monedas nacionales.
Sin embargo, la institución pública encargada de financiar y promover las nuevas tecnologías, el Instituto Nacional de Innovación e Investigación de Uruguay, ha colaborado con el sector privado para impulsar proyectos que incluyen tecnología blockchain y dotarlos de un presupuesto que les permita desarrollarse. .
Venezuela
Las regulaciones de Venezuela relacionadas con la criptomoneda comenzaron en diciembre de 2017, cuando el país anunció el registro y certificación de personal especializado en criptominería. En febrero de 2018 se abrió el registro online y otorgamiento de certificados de mineros, que es el primer paso para obtener una licencia de «minero digital».
El sistema de registro es la antesala de la preventa del Petro, que es una criptomoneda respaldada por petróleo y otras materias primas creada por el ejecutivo nacional en 2018. Posteriormente, en abril de ese año, se estableció formalmente un agente regulador para el sector de las criptomonedas y se estableció una tesorería como la responsable de la emisión, custodia, recolección y distribución de los criptoactivos. Estas instituciones fueron finalmente establecidas en octubre bajo los nombres de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela.
En enero de 2019, según decreto, las personas o empresas que realicen negocios en criptomonedas deben calcular y declarar impuestos sobre los criptoactivos, aunque todavía se espera que las autoridades bancarias del país estipulen los procedimientos de declaración.
A fines de enero de ese mismo año entró en vigencia el decreto sobre la composición del «Sistema Integral de Criptoactivos» y se utilizarán una serie de medidas regulatorias gubernamentales para supervisar toda la industria de activos cifrados del país. Estas medidas incluyen la minería, el establecimiento de casas de cambio de criptomonedas e intercambios.
La ley estipula que la multa máxima por realizar cualquier actividad relacionada con criptoactivos (incluida la minería) sin permiso es de US $ 18.000.
De acuerdo con la normativa, Sunacrip es responsable de supervisar la plataforma de negociación de criptomonedas venezolana y otorgar las licencias correspondientes a cada proveedor de servicios en función de las actividades económicas, determinando precios de negociación y las criptomonedas que podrán negociarse.
La última disposición regulatoria emitida por el Estado venezolano ha sido una providencia sobre el envío y admisión de remesas en el país. De acuerdo con el texto del reglamento, Sunacrip tendrá derecho a establecer límites al monto a enviar, establecer el valor de los activos encriptados en bolívares soberanos (moneda local), especificar el tipo de cambio y solicitar transacciones de remesas especificando los datos del emisor y receptor involucrados en la transacción. De la misma manera, el documento establece que el ente regulador dependerá o se apoyará en una plataforma tecnológica, la cual determinará cómo manejar dichas operaciones.